Fiscalía estrecha el cerco: abre investigación penal por la muerte de los 10 burros anti-incendio
Fiscalía estrecha el cerco: abre investigación penal por la muerte de los 10 burros anti-incendio en Castellón. La consejería de Mireia Mollà los incluyó en un programa que tuvo que cancelar precipitadamente ante los decesos.
Poco a poco, pero sin pausa, el caso de los 10 burros anti incendios que aparecieron muertos en el Desert de Les Palmes, en Castellón, va avanzando, también, en el ámbito fiscal. Los animales formaban parte de un proyecto de la consejería de Agricultura, que dirige Mireia Mollà (Compromís). Fueron trasladados hasta el Desert de Les Palmes, en Castellón. En teoría, debían alimentarse de arbustos, con lo que generarían cortafuegos que impedirían la propagación de futuros incendios forestales, si es que se producían.
Pero la realidad no acompañó a la imaginación. Una decena de burros, el 20% de los que iniciaron el proyecto, fallecieron sin que, a día de hoy, se conozcan las causas. La muerte de los burros se convirtió en un escándalo de dimensiones estatales. Y, tras su muerte, dejaron una estela de interrogantes a los que hoy se busca respuesta en varios ámbitos: Judicial, Legislativo y Ejecutivo.
En materia judicial, quien busca esas respuestas es la Fiscalía de Castellón, que ha decidido incoar diligencias de investigación penal porque. esos diez burros fallecidos aparecieron no solo muertos, sino también con aspecto esquelético, lo que induce a pensar en una posible situación de inanición. Y, a efectos de investigación, y de ser así, ese hecho pudiera revestir caracteres de un presunto delito de maltrato animal. Es una investigación penal y, por tanto, tomará esa dirección si halla indicios de una posible actividad delictiva.
El otro ámbito es el de las Cortes Valencianas, donde el Partido Popular, a través de su diputada Elisa Díaz, ha llevado a cabo una batería de preguntas para esclarecer en sede parlamentaria lo que pudo haber ocurrido. Y, un tercero, son las preguntas que esa misma diputada ha elevado a organismos del poder ejecutivo, de la Generalitat Valenciana y, más concretamente, a la dirección territorial de Castellón de la Consejería, con el fin de saber, por ejemplo, si esa dirección territorial desaconsejó a la consejera Mireia Mollà la ejecución del proyecto y, si fue así, por qué lo hizo.
Hasta la fecha, la muerte de los 10 burros anti incendio se ha llevado por delante al director general del Medio Natural de la Generalitat Valenciana, cuyo puesto ha sido ocupado por Julio Gómez. Un nombramiento que ha sido además muy aplaudido desde una de las formaciones que han dado sustento al actual Gobierno valenciano: Els Verds Equo.